Deuda de $300.000 millones y cortes en servicios básicos impulsan la creación de OSFA y OSFFESEG
Finalmente, mediante decreto, el Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que en los últimos dos años entró en una situación deficitaria crítica, con serias dificultades para cubrir incluso las necesidades médicas más elementales de sus entre 550.000 y 700.000 afiliados. Conforme al decreto 88/2026, dado a conocer este viernes, buscarán superar la crisis sustituyendo al IOSFA por dos obras sociales independientes: una destinada a los militares y otra a las fuerzas de Seguridad.
El IOSFA, establecido exclusivamente para las FFAA, atendía desde hace décadas las demandas médicas y sociales de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura: un conjunto de afiliados sumamente diverso.
En este período de dos años, por circunstancias que el ministro Carlos Presti se comprometió a indagar al reemplazar al actual diputado Luis Petri, se alcanzó un punto crítico: una deuda calculada en $300.000 millones; interrupciones en servicios esenciales (oncología, diabetes, geriatría, reintegros); farmacias vinculadas sin stock y prestaciones médicas suspendidas en buena parte del territorio nacional. Esto impacta al 30% aproximado de los afiliados, llevándolos a procesos judiciales y embargos por ausencia de servicios.
Durante estos dos años, el IOSFA tuvo tres presidentes diferentes, dos de ellos provenientes de Mendoza, al igual que el ex ministro Petri. Expertos consultados advierten que, sin asignaciones oficiales para saldar las deudas, este año podría volverse aún más desordenado.
De acuerdo al decreto presidencial rubricado por Milei y los ministros de su Gabinete, entre ellos Presti de Defensa, surgirán dos entidades nuevas, independientes y autónomas: OSFA, para las Fuerzas Armadas, bajo la órbita del Ministerio de Defensa y con un directorio formado por representantes de cada fuerza; y OSFFESEG, para la Gendarmería y la Prefectura, bajo el Ministerio de Seguridad y con un directorio de cinco integrantes. Como se anticipaba, el cierre de esta crisis podría dejar a las fuerzas de seguridad con una obra social prepaga.
Las dos nuevas tendrán personería jurídica independiente, facultades para contratar, litigar y gestionar fondos, así como supervisión directa del ministerio respectivo. Un análisis del experto en Defensa Marcelo Seghini, de la Fundación Alem, revela que el IOSFA cerró diciembre de 2023 con superávit: $13.288 millones en 2023 y $12.604 millones en 2022. Su colapso ocurrió, según detalla, luego de la abrupta devaluación de diciembre de 2023, que dobló el dólar oficial y elevó los gastos médicos. Las autoridades de 2025 incorporaron 30 asesores externos, con remuneraciones muy por encima del personal fijo y de los militares apartados. El informe acusa la firma de “convenios irregulares con prestadores, como pactos de confidencialidad con MEDIFE sin aprobación del Directorio”, junto a erogaciones juzgadas como injustificadas. Se retrasaron pagos y reintegros, se cortaron servicios de manera masiva y se armó una estructura paralela, con gerencias duplicadas y quiebre en la cadena de comando.
Se obtuvo un préstamo de $40.000 millones del IAF, a una tasa efectiva del 52%, inicialmente justificado para actualización informática pero destinado a tapar déficits corrientes. Solo una auditoría divulgada por Presti aclarará qué ocurrió con la transparencia institucional.
¿Qué implicará el decreto 88/2026 de este viernes para los afiliados? De acuerdo al Boletín Oficial, existirá un lapso transitorio de hasta un año. En él, aseguran que nadie perderá cobertura y que los tratamientos ininterrumpibles continuarán financiados.
En 60 días pasarán a OSFA los afiliados militares. En 180 días corresponderá a OSFFESEG los de fuerzas federales. Tras la migración, IOSFA cesará de percibir aportes y de otorgar cobertura a esos grupos.
El decreto de este viernes, aguardado desde hace un mes, establece que los activos, el personal y los recursos del IOSFA se distribuirán entre las nuevas obras sociales. Los empleados de Gendarmería y Prefectura en IOSFA regresarán a sus fuerzas, sin aclarar sus funciones futuras, y los bienes inmuebles volverán a la jurisdicción original que los cedió.
Para el Gobierno, la transición contará con un Administrador de amplias facultades, una Comisión especial integrada por Defensa, Seguridad, Salud y Economía, y la SIGEN fiscalizará el proceso. Sin embargo, afiliados, Fuerzas Armadas y de Seguridad exigen una auditoría que identifique dónde surgieron las irregularidades.
