HABRÍA UN AUMENTO SALARIAL DEL 24% Y SE DESTRABAN FONDOS CLAVE
Tras semanas de extrema tensión y negociaciones reservadas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias mejoró la oferta inicial. Aunque los rectores aceptan la propuesta económica, se plantan en la Justicia: no retirarán la demanda contra el Ejecutivo.
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BUENOS AIRES.— El prolongado conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas nacionales entró en su etapa de definición. Tras una intensa ronda de negociaciones que se aceleró en las últimas dos semanas, la administración de Javier Milei y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellarían entre hoy y mañana un acuerdo definitivo que promete garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudios superiores durante el resto de 2026.
La fumata blanca comenzó a gestarse la semana pasada en una reunión clave donde las partes lograron unificar criterios sobre la propuesta económica. En los días posteriores, los equipos técnicos avanzaron a contrarreloj en el diseño de la letra chica para ejecutar los desembolsos. La intención de la Casa Rosada es sumar a la firma final a los gremios docentes y no docentes, quienes por estas horas mantienen asambleas permanentes para convalidar el texto.
### El detalle de la oferta económica
El núcleo del entendimiento radica en una sustancial mejora de la pauta salarial respecto de las ofertas previas del oficialismo. El esquema acordado establece un incremento salarial cercano al 24%, estructurado en dos tramos: un 21,33% aplicable a los haberes del mes de junio y un 3% adicional en octubre.
Para evitar que los salarios vuelvan a quedar desfasados frente a la dinámica de precios, el acta acuerdo estipula la creación de una mesa paritaria trimestral. El objetivo de ambas partes es monitorear la evolución de la inflación cada tres meses y cotejarla con las planillas de incrementos salariales durante el segundo semestre del año.
Según confirmaron fuentes oficiales y sectoriales a este medio, el Ministerio de Economía ya autorizó una partida presupuestaria global de $800.000 millones para financiar el paquete de medidas. “Si los fondos empiezan a transferirse efectivamente en junio, el Ejecutivo logra cubrir la totalidad de la oferta comprometida”, confió un estratega financiero de una de las principales universidades nacionales.
Además de la recomposición de los haberes de profesores y no docentes, el Palacio de Hacienda aceptó reforzar partidas periféricas pero vitales que se encontraban virtualmente congeladas:
Hospitales Universitarios: Se inyectarán $50.000 millones adicionales para los centros de salud dependientes de las academias, un reclamo histórico del sector que no había sido contemplado en el presupuesto original de 2026. Este monto se acoplará a los $80.000 millones vigentes.
Gastos de funcionamiento: Las universidades recibirán un ajuste del 20% para costear tarifas, mantenimiento y servicios esenciales en los edificios de todo el país.
Becas estudiantiles: Las Becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras estratégicas y estancadas en $81.685 desde 2024, percibirán un aumento del 50%.
### El factor judicial: la sintonía fina del pacto
A pesar del consenso financiero, las conversaciones estuvieron a punto de naufragar debido a una contraprestación que exigía la Jefatura de Gabinete: que el CIN levantara la demanda judicial entablada contra el Estado nacional por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La respuesta de los rectores fue tajante. “Nos mantuvimos firmes en esa postura; no estamos dispuestos a renunciar a la ley ni a desarmar el andamiaje legal que nos protegió hasta acá”, explicaron desde el Consejo de rectores. La disputa legal cuenta actualmente con una medida cautelar favorable a las universidades que, tras ser apelada por el Ejecutivo mediante un recurso extraordinario federal, se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin plazos de resolución.
Para destrabar el nudo político, los negociadores universitarios ofrecieron una salida intermedia: redactar un acta complementaria donde se le informará formalmente a los tribunales que las partes “están logrando avanzar en un acuerdo de partes”, pero manteniendo la demanda en suspenso como garantía de cumplimiento institucional. "Valoramos la buena voluntad actual, pero necesitamos un resguardo legal definitivo", justificaron desde el ala académica.
### De la Ley corta a la paritaria
El ofrecimiento que destrabó el conflicto supera con creces el proyecto de ley alternativa que la bancada de La Libertad Avanza había intentado impulsar semanas atrás en el Congreso, el cual naufragó por falta de masa crítica. Aquella iniciativa proponía una actualización de apenas el 12,3% en tres tramos y tomaba como base los salarios de diciembre de 2025, ignorando la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023.
La cumbre que encauzó las negociaciones estuvo liderada por Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y principal administrador de la caja del sector, mientras que por el sistema universitario civil expusieron Franco Bartolacci (rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN) y Anselmo Torres (rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del organismo).
De no mediar imprevistos de último momento en las consultas de las bases sindicales, el miércoles por la tarde se concretará la reunión paritaria formal para plasmar las firmas y dar por cerrada, al menos hasta el próximo trimestre, la crisis universitaria.
Juan Avellaneda
